Senda de Granada denuncia que Joven Futura no es una regularización: es una amnistía urbanística del pelotazo del PP

La entidad vecinal denuncia que el proceso ha estado marcado por la opacidad, el bloqueo del expediente a la parte interesada y un giro político injustificable del PSOE y algunos de sus concejales, que ahora respalda una autentica amnistía de la urbanización cuya reclasificación fue anulada por el Tribunal Supremo por ilegal y que durante veinte años rechazó públicamente.

Senda de Granada adelanta que ya se encuentran ultimadas nuevas acciones judiciales a raíz de un caso recientemente detectado sobre la urbanización y de las últimas actuaciones administrativas del Ayuntamiento, que están siendo analizadas por el equipo jurídico para depurar posibles responsabilidades ante el juzgado penal competente.

La Asociación advierte de que la modificación aprobada privilegia a un reducido grupo de promotores y beneficiarios del desarrollo ilegal, sacrificando el interés general y el cumplimiento de la legalidad urbanística, consolidando un modelo de ciudad basado en excepciones y no en planificación responsable.

 La Asociación de Vecinos Senda de Granada ha expresado hoy su rechazo frontal a la modificación urbanística aprobada por la Comisión de Urbanismo en el ámbito de Joven Futura, denunciando que lo que el Ayuntamiento presenta como una “regularización” es en realidad una amnistía urbanística destinada a blanquear la operación especulativa que el Partido Popular impulsó hace dos décadas sobre la huerta protegida de Espinardo.

La entidad vecinal afirma que esta modificación no aporta una verdadera seguridad jurídica, sino que reproduce exactamente los mismos vicios que llevaron al Tribunal Supremo a anular la reclasificación en 2015. “Estamos ante el intento de otorgar cobertura administrativa a una urbanización que nació ilegal y que sigue siendo ilegal a día de hoy”, señalan.

La Asociación subraya que el propio proceso de tramitación ha estado marcado por la opacidad y las trabas administrativas. A pesar de estar personada la entidad vecinal en el expediente, el Ayuntamiento ha bloqueado el acceso a la documentación completa desde el pasado 3 de octubre, incumpliendo la obligación legal —recogida en el artículo 53 de la Ley 39/2015— de permitir el acceso inmediato a los interesados. Y de esto está informado personalmente el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón.

“Resulta difícil hablar de transparencia cuando se oculta a los vecinos el expediente que se va a aprobar, mientras se difunden notas de prensa presumiendo de la participación ciudadana”, lamenta la entidad vecinal.

Desde Senda de Granada consideran especialmente grave que esta modificación privilegia a un colectivo concreto frente al interés general, otorgando una cobertura expresa a promotores, cooperativistas y gestores que se beneficiaron del desarrollo ilegal de Joven Futura, mientras los vecinos de Espinardo, los huertanos expropiados y otros afectados siguen ignorados por la Administración.  

La Asociación también critica el giro radical del PSOE municipal, con algunos de sus actuales concejales (que además tienen vinculaciones personales con el tema de la urbanización Joven Futura), que durante veinte años votó en contra de esta reclasificación, del planeamiento urbanístico sobre esta oscura y sucia operación inmobiliaria, suscribió alegaciones, denunció el atentado a la huerta y defendió los valores ambientales del entorno y a sus vecinos. “Lo que ayer era ilegal, ambientalmente inaceptable y contrario al interés general hoy se presenta como una supuesta mejora urbanística. Este cambio no es técnico: es estrictamente político”, señala la entidad.

Resulta llamativo que el concejal Guerrero, del PSOE, afirme públicamente que las 1.300 viviendas se construyeron en suelo público cuando cualquiera que conozca el expediente sabe que son suelos de los promotores; confundir una operación privada con patrimonio público revela un desconocimiento alarmante de lo que está defendiendo, o el intento de confundir a la ciudadanía.

Uno de los aspectos que, según la Asociación, el Ayuntamiento intenta ocultar es el escándalo de las VPO. En la urbanización, casi un 20 % de las viviendas protegidas ya se han revendido y en la llamada “torre VIP” la cifra alcanza casi el 30 %, con precios que duplican los de adquisición inicial con ayudas públicas. “Estamos ante un pelotazo millonario construido sobre viviendas protegidas y sobre suelo de huerta que nunca debió reclasificarse”, advierten.

Para la Asociación, lo que está haciendo el Ayuntamiento, con la connivencia del PSOE, no es reparar una situación irregular, sino legitimar una urbanización ligada al actual gerente del PP en la Región de Murcia cuya gestora obtuvo casi 10 millones de euros de beneficio, que fue declarada ilegal por sentencia firme del Tribunal Supremo, ignorando los principios básicos de la disciplina urbanística y comprometiendo de nuevo el valor ambiental, jurídico y patrimonial de la huerta de Murcia.

“Lo que ha ocurrido hoy no es una regularización. Es una amnistía urbanística del pelotazo del PP, ahora avalada por un PSOE que ha renunciado a sus posiciones históricas y de la legalidad avalada por el Supremo. Y todo ello, además, negando deliberadamente el acceso al expediente a la parte interesada”, concluye la presidenta de la Asociación, Ángela Tortosa.

Por último, la Asociación informa de que ya se encuentran ultimadas las acciones judiciales penales derivadas de un nuevo caso detectado recientemente en relación con la urbanización, y las actuaciones administrativas realizadas por el Ayuntamiento en los últimos meses, cuyos indicios y documentación están siendo analizados por el equipo jurídico de la entidad. Senda de Granada recuerda que estas actuaciones se incorporarán a las vías legales del juzgado de instrucción que corresponda, con el objetivo de depurar presuntas responsabilidades y garantizar el pleno cumplimiento de la legalidad urbanística y administrativa.