Los vecinos de Senda de Granada denuncian una gasolinera en zona inundable y con posibles irregularidades urbanísticas

 

Advierten de riesgos para la seguridad y la salud y anuncian acciones legales hasta las últimas consecuencias

 

La Asociación de Vecinos de Senda de Granada Oeste ha denunciado públicamente la construcción de una gasolinera en su barrio y ha recurrido la licencia concedida por el Ayuntamiento de Murcia. El colectivo considera que el proyecto presenta graves deficiencias y podría suponer un riesgo directo para el entorno residencial. Además, se ubica en una zona, en barrios del Ranero-Espinardo, donde ya existen otras siete gasolineras en un radio de 500 metros, todas ellas a escasos metros de viviendas y zonas residenciales.

La instalación, promovida por una empresa privada de gasolineras de bajo coste, pretende ubicarse en un terreno que no está preparado para edificar. Se trata de una zona que carece del desarrollo urbanístico necesario —calles, servicios y ordenación efectiva— ya que desde 2004 no se ha desarrollado ningún plan urbano que permita construir en ese suelo. Pese a ello, el Ayuntamiento ha autorizado la obra apoyándose en una interpretación “forzada” de la normativa urbanística, tal y como se expone en el recurso interpuesto por la entidad vecinal.

Además, la documentación del propio expediente recoge reiterados informes técnicos en los que se señala la falta de elementos clave. Entre ellos, no consta que se hayan asumido los costes de urbanización que corresponderían a la parcela, lo que, según se desprende del expediente y a juicio de los vecinos, podría implicar un presunto tratamiento no equitativo en la distribución de cargas urbanísticas con un posible beneficio a la gasolinera.

Uno de los aspectos más preocupantes es la ubicación de la gasolinera en una zona con riesgo de inundación. Un informe del expediente administrativo reconoce este riesgo, pero no refleja que, según la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura, se trataría de un escenario de inundación con un periodo de retorno de 10 años, es decir, de carácter recurrente. A pesar de ello, no consta la solicitud del informe preceptivo del organismo competente en materia de aguas, lo que, a juicio del colectivo vecinal, agrava la situación.

A ello se suma la cercanía de viviendas linderas ya existentes. Al no haberse desarrollado el planeamiento urbanístico desde 2004, existen viviendas habitadas por familias —incluyendo menores y personas vulnerables— que quedarían a escasos metros de los depósitos y surtidores de combustible.

El recurso presentado también cuestiona el encaje legal de la autorización. Según denuncian, el propio Ayuntamiento reconoce que la parcela no reúne las condiciones ordinarias para construir, pero aun así concede la licencia aplicando criterios previstos para otros supuestos, lo que consideran contrario a Derecho.

Asimismo, los vecinos alertan de importantes carencias en la tramitación, como la ausencia de informes técnicos esenciales sobre infraestructuras y condiciones reales de la obra.

A todo ello se añade un problema inmediato: las obras ya están en marcha y utilizan una vía pública limitada en peso con la existencia de un gran colector subterráneo sobre ella. Sin embargo, no consta que se haya evaluado el impacto del tránsito de maquinaria pesada, lo que podría provocar daños estructurales o situaciones de riesgo.

Ante este escenario, la Asociación ha solicitado la suspensión inmediata de la licencia y la paralización de las obras, advirtiendo de que su continuación podría generar una transformación irreversible antes de que se resuelva el recurso.

El colectivo vecinal ha anunciado que llevará el asunto “hasta el final”, incluyendo la vía judicial, tanto en el ámbito contencioso como, en su caso, en otras vías legales si se detectaran posibles irregularidades relevantes en la tramitación de esta licencia. Ese ha sido el encargo efectuado por la asociación de vecinos al equipo jurídico. Además, ya se están analizando otros proyectos similares de la misma empresa en el municipio para comprobar si se han tramitado en condiciones similares.

Riesgos para la salud: alerta por la proximidad a viviendas

La Asociación advierte de que la ubicación de la gasolinera no solo plantea conflictos urbanísticos, sino también sanitarios.

Diversos estudios —entre ellos investigaciones de la Universidad de Murcia— recomiendan situar las estaciones de servicio a más de 50 metros de viviendas y a más de 100 metros de hospitales, colegios y centros de salud, debido a la emisión de sustancias como el benceno, un compuesto reconocido por su carácter cancerígeno.

Estas investigaciones señalan que:

• La cercanía a surtidores implica exposición a vapores de gasolina (benceno y otros hidrocarburos), especialmente peligrosos en entornos residenciales y próximos a equipamientos públicos.
• Se recomienda una distancia mínima de 50 metros respecto a viviendas y de 100 metros para espacios especialmente sensibles como colegios o centros sanitarios.
• Distancias inferiores a esos rangos incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias y, según diversos estudios, pueden estar asociadas a un mayor riesgo de cáncer, incluida la leucemia infantil.

Además, organizaciones como Ecologistas en Acción llevan años reclamando un mayor control sobre la ubicación de este tipo de instalaciones en entornos urbanos, alertando de los efectos de la exposición continuada a contaminantes como el benceno. En Murcia ya se han registrado quejas en barrios como El Ranero y otros puntos de la ciudad, donde vecinos han exigido medidas frente a estos riesgos sin que el Ayuntamiento haya dado una respuesta eficaz.

Lejos de corregir esta situación, la concesión de esta nueva licencia no solo ignora esas advertencias, sino que agrava el problema, añadiendo otra gasolinera en un entorno ya saturado. Para los vecinos, esta decisión supone, a su juicio, una falta de protección adecuada de la salud pública y una desatención a las reiteradas demandas vecinales.

Consideran que el Ayuntamiento no solo está mirando hacia otro lado, sino que está facilitando la expansión de este tipo de instalaciones en zonas residenciales, asumiendo riesgos relevantes para la población. En este contexto, denuncian que se podrían estar priorizando intereses económicos privados por encima de la salud de los murcianos y murcianas, en una situación que, lejos de corregirse, se intensifica con cada nueva autorización.